Protección de datos y derecho a la intimidad y honor. Listas negras. Carga de la prueba

Protección de datos y derecho a la intimidad y honor. Listas negras. Carga de la prueba

En esta noticia leeremos sobre una demanda impuesta por un trabajador en la que solicita sus derechos al honor y a su propia imagen se declaren vulnerados.

1. Hechos.

En noviembre de 2009, D. Humberto fue despedido por “Cotronic, S.A.” (en lo sucesivo Cotronic), empresa subcontratista de "Telefónica, S.A." (en lo sucesivo, Telefónica), acusado de haber cobrado indebidamente cien euros a un cliente por una actuación que era gratuita. D. Humberto interpuso demanda contra dicho despido y fue declarado improcedente por no estar probados los hechos que se le imputaban y, finalmente, Cotronic optó por indemnizar al trabajador y extinguir el vínculo laboral.

D. Humberto realizó varias entrevistas de trabajo en el sector de las telecomunicaciones, sin conseguir ser contratado. Finalmente, fue entrevistado en la empresa "Instalaciones de Tendidos Telefónicos, S.A". (en lo sucesivo, Itete) e incluso le llegaron a realizar el reconocimiento médico, pero dicha empresa le manifestó que no podía contratarlo. D. Humberto fue informado por el Comité de empresa de Telefónica que estaba vetado a petición de Cotronic y que eso imposibilitaría su contratación en empresas que trabajaran para Telefónica.

D. Humberto interpuso una demanda contra Cotronic, en la que solicitaba que se declarasen vulnerados sus derechos al honor y a su propia imagen, así como a la protección de sus datos personales. Asimismo, solicitaba que se cancelasen todos los datos personales referido a su persona de los archivos de Cotronic y se condenara a esta empresa a indemnizarle en 653.319’56 Euros.

Cotronic se opuso a la demanda, alegando que una vez finalizada su relación laboral con el demandante, lo comunicó a Telefónica para que cancelaran la tarjeta expedida por ésta a favor de D. Humberto, y negó que hubiera comunicado los datos relacionados con las causas del despido u otros datos personales a Telefónica.

2. Pronunciamientos.

La sentencia que se comenta aborda primeramente el principio de facilidad probatoria en determinados litigios sobre vulneración de derechos fundamentales.

El TS apoya la doctrina del TC, respecto a que el demandante en litigios sobre vulneración de derechos fundamentales no queda libre de realizar actividad probatoria, puesto que ha de probar lo que es conocido como “indicios racionales” o “principios de prueba”. Una vez el demandante haya realizado lo anterior, el demandado deberá destruir la presunción o el principio de prueba, efectuando una “contraprueba” o justificando que existe una causa justificadora de su actuación ajena a cualquier vulneración de derechos fundamentales.

En el presente caso, la demandante había aportado al proceso indicios de que el demandado había realizado una conducta lesiva para sus derechos fundamentales mediante la cesión por parte de Cotronic de los datos personales del demandante que inciden en su reputación. Esos indicios eran la declaración de un miembro del Comité de empresa de Telefónica que afirmó su convicción de la existencia de una lista negra y el hecho de que el demandante no encontraba trabajo en dicho sector y en Itete no fuera contratado habiendo superado las entrevistas y habiéndole realizado incluso el reconocimiento médico. Sin embargo la parte demandada, teniendo cercanía a la prueba, ya que alegó que no había metido a D. Humberto en ninguna lista negra y que se hizo una comunicación limitada a los datos personales (nombre, apellidos, DNI y fechas de alta y baja) necesarios para que se cancelara la tarjeta facilitada por Telefónica, no presentó dicha comunicación para destruir la presunción del demandante.

En segundo lugar, la sentencia analiza la vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

El TS confirma la opinión del informe jurídico núm. 0201/2010 elaborado por la AEPD y el documento de trabajo sobre las listas negras realizado por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre “listas negras”, estableciendo que al tratarse de ficheros de datos personales formados sin el consentimiento de los afectados no les es aplicable ninguna de las excepciones del art. 11.2 de la LOPD y que por lo tanto la cesión de dichos datos es ilícita y vulneraría el derecho fundamental de protección de datos personales, y al ser datos que pueden dañar al honor del afectado, también constituiría una vulneración de dichos derechos fundamentales.

3. Comentario.

Por un lado, la sentencia pone de relieve las dificultades que entraña para el demandante probar las vulneraciones de sus derechos fundamentales, atribuyendo al demandante la obligación de presentar unos indicios de infracción y al demandado la obligación de mostrar una actividad probatoria suficiente para la destrucción dichos indicios.

En el presente caso, el demandado no acreditó de modo suficiente y adecuado que no tuvieron lugar los hechos constitutivos de vulneración de los derechos fundamentales.

Por otro lado, el TS estima que la cesión inconsentida de los datos personales del demandante constituye una infracción de protección de datos personales y una vulneración del derecho al honor del mismo, ya que los datos no cumplían el requisito de veracidad y afectaban negativamente a la reputación del demandante. 

Fuente: tecnologia.elderecho.com


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