El Referéndum Sencillamente no se puede realizar porque es ilegal.

El Referéndum Sencillamente no se puede realizar porque es ilegal.

En una democracia las autoridades no pueden mentir impunemente a la ciudadanía, ni incumplir la ley, ni vulnerar la privacidad de datos.

El referéndum es inviable: sin censo, garantías internacionales ni protección de datos

El 1-O no cumple las principales recomendaciones internacionales para que su resultado sea reconocido. El Gobierno da por hecho que será imposible una consulta homologable

El Gobierno da por ganada la batalla legal contra el 1-O y da por hecho también que ganará la de la logística, la que puede hacer irrelevante el resultado del referéndum. Le queda la política que, en gran medida, dependerá de la participación en la movilización popular que se producirá en Cataluña y de la gestión posterior de las profundas heridas que deje abiertas.

A solo 15 días del 1-O, el referéndum independentista en Cataluña no cumple la casi totalidad de las exigencias legales para su reconocimiento internacional y el Gobierno da por hecho que no podrá siquiera celebrarse materialmente como una consulta válida y homologable. Por encima de otras acciones para impedirlo, fuentes de La Moncloa dan especial trascendencia a la ausencia de un censo real y actualizado que daría veracidad a la llamada a las urnas y podría desembocar en una declaración de independencia.

Las exigencias internacionales están recogidas en la llamada Comisión de Venecia del Consejo de Europa y se refieren fundamentalmente a garantías en la participación de los ciudadanos, en el control de la legalidad y del recuento y la aplicación de los resultados. Fuentes de La Moncloa aseguran que no solo no se cumple esa legalidad internacional y las leyes españolas, sino que será imposible materialmente llevar a cabo una consulta con las garantías que debe tener cualquier proceso electoral.

La principal de las condiciones que no se cumple es la referida al censo con el que pueda celebrarse para ser algo más que una enorme movilización ciudadana y que pueda ser considerada como un referéndum válido y reconocido fuera de España. Es decir, que quedará más cerca de lo que fue el 9-N de 2014, aunque con secuelas más graves por las medidas adoptadas y los procedimientos penales en marcha, que de un referéndum homologable. La competencia exclusiva para la elaboración del censo es del Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística. Los sucesivos gobiernos se han negado siempre a ceder esa competencia estatal, precisamente como consecuencia del impulso en su momento del independentismo en el País Vasco y la posibilidad de que se promoviera una consulta de autodeterminación.

El Govern no tiene acceso al censo del INE

Ese censo oficial se actualiza mensualmente con los datos que suministran los ayuntamientos y, por tanto, la Generalitat de Cataluña no tiene acceso a él. Solo lo recibe cuando se celebran procesos electorales y con ese único fin. La llamada ley de referéndum de Cataluña se limita a asegurar en su artículo 33 que el censo está compuesto "por los electores residentes en Cataluña y por los electores residentes en el exterior que cumplen con los requisitos legalmente exigibles para ejercer el derecho a voto. Ningún elector puede figurar inscrito simultáneamente en ambos censos", sin concretar de dónde salen esos datos.

Pero la disposición adicional primera señala que "se habilita a la administración electoral para la creación de los registros y ficheros de datos necesarios para la organización y realización del referéndum, de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter personal". La Moncloa trabaja con dos supuestos: que se utilice el censo de anteriores elecciones o que se utilicen otros ficheros como los de la sanidad pública. En el primer supuesto, el Gobierno considera que podría haber un caso de uso de datos para fines diferentes a los previstos y, además, presenta un problema material irresoluble: no están actualizados, no puede incorporar fallecimientos o altas y, por tanto, no es fiable ni aplicable para lograr un resultado homologable y cierto. Hay otro problema material imposible de resolver por los organizadores según el Gobierno y es el hecho de establecer dónde vota cada uno de los electores, en qué local y en qué mesa. No han podido recibir la llamada tarjeta censalindicando el colegio y la mesa y tampoco puede entenderse que votan en los lugares habituales, porque ahora no podrán abrir todos y muchos cambiarán de ubicación. Esa situación se producirá también respecto a los que sean designados presidentes y secretarios de mesa.

En el otro supuesto, el de uso de ficheros diferentes como el sanitario o cualquier otro, La Moncloa también aprecia un problema material de falta de actualización y de imprecisión. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que utilizan mutuas profesionales y, por tanto, no están registrados. Y no es aceptable desde ese punto de vista tampoco un censo formado por electores inscritos voluntariamente y, por tanto, partidarios de la consulta. En ambos supuestos, la competencia para actuar y, en su caso, requerir a la Generalitat y hasta sancionar a los responsables del manejo fraudulento del censo sería de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. No interviene la Agencia de Protección de Datos estatal, ya que esta comunidad y el País Vasco son las únicas con un organismo de control de este tipo.

El '155 de protección de datos'

No obstante, la Ley Orgánica de Protección de Datos habilita a la agencia estatal a intervenir en determinados supuestos. En concreto, el artículo 42 de esa norma asegura que "cuando el director de la Agencia de Protección de Datos constate que el mantenimiento o uso de un determinado fichero de las Comunidades Autónomas contraviene algún precepto de esta ley en materia de su exclusiva competencia podrá requerir a la administración correspondiente que se adopten las medidas correctoras que determine en el plazo que expresamente se fije en el requerimiento. Si la administración pública correspondiente no cumpliera el requerimiento formulado, el director de la Agencia de Protección de Datos podrá impugnar la resolución adoptada por aquella administración". Este precepto no se ha utilizado nunca y, de hecho, los técnicos del organismo lo llaman "el 155 de protección de datos", porque permite entrar en competencias autonómicas en caso de incumplimiento legal. Fuentes del Gobierno aseguran que cabe la posibilidad de aplicarlo en este caso si la Generalitat hace mal uso de algún fichero y no interviene la Autoridad Catalana de Protección de Datos. En todo caso, la decisión última sería de Mar España, actual directora de la Agencia.

La Ley de Protección de Datos regula la posibilidad de inspeccionar el censo catalán en un artículo conocido en la agencia como el 155

Además de esa actuación, fuentes del Gobierno explican que es previsible que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias contra la Generalitat por ese uso de sus datos personales. La probable oleada de denuncias, en todo caso, se produciría en Cataluña en primera instancia.

Del llamado Código de Buenas Prácticas sobre Referendos aprobado el 20 de enero de 2009 por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia, el 1-O ya no cumple la exigencia de legalidad, es decir, que haya sido pactada con el Estado y se adapte a la Constitución del Estado. Sí cumple la de la claridad en la pregunta, que en este caso es únicamente decidir si Cataluña es una república independiente.

Sobre el censo o padrón, esa comisión señala que "debe preverse un procedimiento administrativo —sujeto a control jurisdiccional— o a un procedimiento judicial, mediante el cual se permita la inclusión de un ciudadano que no ha sido registrado previamente; el registro no debe decidirse por los funcionarios de la casilla electoral el día de la propia elección". En este caso, no se cumple ese procedimiento y menos el control de legalidad con recursos contencioso administrativos a la Justicia que sí existe en procesos electorales habituales.

"Deber de neutralidad"

Tampoco se ajusta a esa exigencias de legalidad la campaña electoral del referéndum de independencia, ni la exigencia de subvenciones públicas para quienes defiendan las distintas opciones. Exige también que "las autoridades administrativas deben observar su deber de neutralidad" y "no deben influenciar el resultado del voto con una campaña excesiva y parcial. Debe prohibirse el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña", lo que en este caso es evidente que no se da tampoco en la actuación de la Generalitat. Esa normativa prevé un órgano imparcial o administración electoral, equivalente a la Junta Electoral en otras citas con las urnas. En este caso, se ha creado la Sindicatura Electoral, pero no hay participación del poder judicial, ni presencia de los partidos, ni opciones de recurso a sus decisiones y, además, ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso del Gobierno.

Sobre el resultado, la ley electoral catalana no resuelve las incógnitas sobre el recuento. Esa comisión internacional sí recomienda no estipular un porcentaje de participación mínima, ni un porcentaje de aprobación "ya que corre el riesgo de provocar una situación política compleja, si el proyecto es apoyado por una mayoría simple menor al umbral de representación necesaria". En el 1-O tampoco se establecen esos umbrales, pero de nuevo la ausencia de censo fiable y verificado impide en todo caso certificar los resultados y la participación.

Respecto a la batalla política, el Gobierno se ha encontrado con una opción inesperada que podría permitirle afrontar el referéndum con un nuevo respaldo expreso de la mayoría del Congreso. En concreto, En Comú Podem y PDeCAT han presentado sendas interpelaciones al Gobierno que se sustanciarán este miércoles en el pleno y que darán lugar a la votación de mociones el día 26 de septiembre, solo cinco días antes del referéndum y con efecto no deseado por esos dos partidos: salvo sorpresa, Mariano Rajoy podrá coincidir en la votación para rechazar esas mociones con el PSOE y Ciudadanos, hasta completar una amplia mayoría del Congreso que le renueve el respaldo parlamentario frente a la consulta independentista. El Gobierno ha comunicado a los dos grupos que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no estará en el Congreso este miércoles, en su mano está aceptar posponer la interpelación o admitir que les responda otro ministro.

Fuente: El Confidencial

Protección de Datos investiga el posible acceso ilícito a bases de datos para hacer el censo catalán


La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán, que pretenden usar los impulsores del referéndum del 1-O para la consulta.

Esta actuación, que se produce después de que la Agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano, ha llevado a que este organismo haya solicitado información a diversas entidades, como el INE o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.

Según un comunicado de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de este organismo.

La AEPD ha trasladado la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la que ha remitido también un informe en el que se analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinados con los que crear un censo electoral por parte de la Generalitat de Cataluña. Así, la AEPD ha pedido a la catalana que le comunique la información que pueda recabar como consecuencia de la tramitación de la denuncia remitida y, en particular, la relacionada con el origen de los datos.

En concreto, la AEPD ha reclamado información al Instituto Nacional de Estadística (INE), a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña. La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central.

Información reservada Esta oficina, que está encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, pero es una información que solo está disponible a nivel interno y no se facilita a ningún organismo.

Pero el proceso para elaborar el listado para unas elecciones concretas no se inicia hasta que la convocatoria de las mismas sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según la AEPD, en principio no resulta posible conocer cuál es la fuente de la que proceden los datos del censo para el referéndum, pero hay una serie de bases que los separatistas podrían haber utilizado. Datos protegidos En el extenso informe que ha remitido a la agencia catalana, la AEPD recuerda que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y actualmente regulado en España por ley orgánica de 1999 (LOPD). Una norma que establece sanciones que van desde los 900 a 40.000 euros para las sanciones leves y de 300.001 a 600.000 para las consideradas muy graves.

Los ficheros electorales se someten a su legislación específica, conformada por la Ley de Régimen Electoral (LOREG), que contempla también como delito electoral incumplir las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral. Por ello, la Agencia de Protección de Datos avisa de que si la Generalidad de Cataluña ha elaborado un censo para el 1-O supondría una tratamiento de datos contrario a la LOPD y contravendría varios autos del Tribunal Constitucional en contra del referéndum.

Además, la utilización de la copia del censo electoral facilitada por la Oficina del Censo electoral para los comicios autonómicos de 2015 iría contra los principios de finalidad, exactitud y conservación establecidos en la LOPD. También la cesión para los mismos fines de los padrones municipales de habitantes de los municipios de Cataluña sería contraria a los artículos 11 y 21 de la LOPD en conexión con el artículo 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), al carecer la generalidad de Cataluña de competencias para ello.

Del mismo modo, el uso del registro poblacional de Cataluña con los fines indicados resulta, por los mismos motivos, contraria al artículo 4.2 de la LOPD, así como el empleo de los datos del registro de catalanes en el exterior. No sería lícito tampoco, según la AEPD, utilizar los datos tributarios, ni los obtenidos mediante la Administración de la Seguridad Social ni a través de los historiales clínicos.

Fuente: 20minutos

Ha y que tener en cuenta que las diligencias han sido publicadas por la Agencia de Protección de Datos

Algunos de los ya detenidos se pueden enfrentar a penas por revelación de secretos y otras condenas muy seberas.

Los 14 detenidos en la operación contra la organización del referéndum

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.

JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda

Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.

En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.

el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.
LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda

Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.

Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.

También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.

JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda

Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.

En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.

LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda

Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.

Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.

También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.

XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores

Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.

Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los "objetivos estratégicos y operativos" de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios. En libertad con cargos.

JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana. En libertad con cargos.

JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña

Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.

DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales

Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. En libertad con cargos.

JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación

Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell. En libertad con cargos.

FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda

En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.

NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia

Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual. En libertad con cargos.

PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC

Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido. Es el dueño de la nave en la que se hallaron los 9,9 millones de papeletas incautadasEn libertad con cargos.

JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat

Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.

MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa

Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre. En libertad con cargos.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems

Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems, una multinacional que ya trabajó para el Govern en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Fuente: elpais.com

En una democracia las autoridades no pueden mentir impunemente a la ciudadanía

Tras conocerse los registros y detenciones efectuados por la Guardia Civil en diversas dependencias de la Generalitat, su presidente, Carles Puigdemont, formuló una serie de afirmaciones falsas. Creemos fundamental que en una democracia las autoridades públicas no puedan mentir impunemente a la ciudadanía.

2. El propósito de la operación es “suspender la actividad del Gobierno” catalán, “que tiene la legitimidad democrática”. Falso. Solo se ha intervenido sobre las actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista. El Govern sabe, pues así se lo ha comunicado el Tribunal Constitucional, que ese referéndum es ilegal y que no tiene competencias para organizarlo. Por otra parte, el Govern sostiene que basta con el apoyo de una mayoría de los diputados electos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para derogar el Estatut de Autonomía. Pero se equivoca: lo que define a una democracia no es la existencia de una mayoría sino que esta no pueda saltarse la ley impunemente.

3. “Esta agresión carece de amparo legal”, vulnera “el Estado de derecho” y la Carta de Derechos de la UE, suspende “de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”. Todo es falso. La intervención policial se realiza al amparo del poder judicial y cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional. Se enmarca pues en el Estado de derecho, del que la independencia judicial es pilar básico. Tampoco puede decirse que se haya suspendido la autonomía catalana. No se ha empleado el artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenirla puntualmente; ni se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Gobierno asumir el mando de todas las policías. Tampoco hay Estado de excepción, porque no se han suspendido los derechos de los ciudadanos, como ilustran las concentraciones de ayer.

4. Distintas actuaciones como “los registros indiscriminados incluso en domicilios particulares” y otras medidas como “el cierre y bloqueo de páginas web” constituyen “un asedio a la democracia”. Falso: los registros de ayer no fueron indiscriminados, sino individualizados dentro de la operación de policía judicial. Y el cierre de la página web que pretendía aplicar una ley suspendida (la del referéndum del 6 de septiembre) por el Tribunal Constitucional, dando detalles de esa convocatoria ilegal y órdenes para realizarla, fue decidido por la fiscalía en cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal.

5. “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español” y tras estas actuaciones “consideramos que el Gobierno ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes autoritarios y represivos” y que “no respeta los principios elementales de la democracia”.La acusación no es nueva. Anteriormente Carles Puigdemont ya sostuvo que políticamente España es como Turquía. Pero el caso es el contrario, España es un Estado de derecho europeo y plenamente democrático. Y es Puigdemont, como Erdogan, el que amparándose en la mayoría e ignorando la separación de poderes está saltándose la ley, violando la Constitución y el Estatut y utilizando las instituciones para impulsar un referéndum ilegal y sin garantías.

6. “Los ciudadanos estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio”. Falso: la convocatoria no es para defender la democracia, sino para culminar el proyecto de derogación de la Constitución, de abrogación del Estatut de autonomía y de ruptura con el Estado plasmado en las leyes de convocatoria del referéndum y de “transitoriedad”, que fueron aprobadas por el Parlament el 6 y el 8 de septiembre de 2017 en un hemiciclo semivacío en el que se negó a los diputados de la oposición sus derechos parlamentarios. Las intimidaciones han corrido a cargo de los grupos secesionistas, entre otros la CUP, que ha pegado pasquines con las fotos de alcaldes y concejales partidarios de cumplir la legalidad democrática.

7. “Defenderemos el derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro”. La presunción de que los catalanes no deciden su futuro en elecciones libres es falsa: han participado en 35 elecciones plenamente democráticas desde 1977 (de distinto nivel, local, autonómico, estatal y europeo) y en tres referendos (de ratificación de la Constitución y los dos Estatutos de autonomía); gozan de autogobierno; y sus partidos están plenamente presentes en el Congreso y el Senado españoles (y en el Parlamento Europeo, en su condición de españoles), así como en muchos otros organismos públicos.

8. “Lo que está viviendo Cataluña no lo está viviendo ningún Estado de la Unión Europea”. Esta es la única afirmación de Puigdemont que es cierta. Por desgracia, tanto en Hungría como en Polonia tenemos líderes nacionalistas que quieren acabar con la separación de poderes y derogar los sistemas de derechos y libertades vigentes. Por fortuna, ese tipo de comportamientos carecen de lugar en la UE.

Fuente: Elpais.com


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