El magistrado del Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu es el competente en la investigación de los atentados terroristas de hace un año en Barcelona y Cambrils. EP.

 

En el seno de la investigación de los atentados terroristas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, solicitó el pasado 11 de junio a tres entidades de préstamos de concesión rápida todos los datos que posean sobre la petición y concesión de ‘microcréditos’ a dos de los miembros de la célula yihadista y tres de sus familiares.

La finalidad, rastrear las posibles vías de financiación a las que pudieron acceder los terroristas y si se valieron para ello de sus allegados.

Por eso, el juez reclamó “información detallada de la solicitud de microcréditos tanto efectivos como denegados por la entidad”, datos sobre cualquier otro producto financiero solicitado con indicación del saldo y copia de los documentos aportados.

Y en concreto se centra en cinco personas.

Una de ellas es Younes Abouyaaquoub, conductor de la furgoneta que atropelló y mató a 13 personas en Las Ramblas de Barcelona, y su hermano Hicham, objeto de seguimientos policiales y del que se sabe que compró disfraces de policía coincidiendo con las fechas de Carnaval.

También se investigan las gestiones que pudieron haber hecho ante estas entidades uno de los terroristas abatidos por la policía autonómica en Cambrils, Mohamed Hichamy, así como Rachid y Saber Oukabir, cuyo hermano Moussa resultó también muerto en la localidad tarraconense. El último es Mohamed Houli, quien resultó herido tras la explosión en Alcanar (Tarragona) donde los terroristas guardaban explosivos y un centenar de bombonas de butano.

Información sobre Hichamy

Los Mossos adviertieron en su informe al juez Andreu que teniendo en cuenta que una de las empresas citadas ofrece dinero a crédito de una forma rápida todo parece indicar que Mohamed Hichamy buscaba conseguir el efectivo, “evidente para no ser retornado”, con la finalidad de adquirir las sustancias precursoras para la fabricación de explosivos, como así se ha constatado que hicieron durante esas fechas.

La investigación ha desvelado que Hichamy se puso en contacto con una de las empresas en fecha muy cercana al día 20 de agosto de 2017, día en que parecía la prevista por los terroristas para cometer los atentados con explosivos frustrada en la explosión ocurrida en Alcanar la noche antes del ataque en Las Ramblas.

Además, entre los escombros de este inmueble volatilizado tras las explosiones se halló un teléfono móvil perteneciente a Houli en el que aparecieron pruebas del contacto del presunto terrorista con otras empresas del mismo tipo.

Requisitos para la concesión de un ‘microcrédito’

Para pedir desde 50 a 600 euros de préstamo, solo es necesario cumplimentar un formulario, presentar el DNI y, en ocasiones, identificación a través de banca online. Son requisitos suficientes para que, en menos de 24 horas, el solicitante disponga de este ‘microcrédito’ en su cuenta.

Y todo online: registro, identificación y recepción vía sms o mail con la confirmación de la concesión del crédito.

El perfil de empresa que se dedica a la concesión de estos créditos suele ser de capital privado y si bien está inscrita en el Registro Mercantil y sujeta a la revisión del Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros, no está regulada por el Banco de España ni por la CNMV.

Cuando el ‘microcrédito’ es  superior a los 200 euros se aplica también la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, donde se obliga a la empresa a evaluar la solvencia del prestatario con carácter previo a la celebración del contrato, pero su alcance “queda a criterio del prestamista en función de la relación comercial entre éste y su cliente”.

Para solicitar créditos al consumo entre los 3.000 hasta los 30.000 euros (en este último caso con solicitud de cotitular o avalista), ya entra en juego una entidad de crédito que, a diferencia de las anteriores, son sujetos obligados y, por tanto, se rigen por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Estas financieras, en algunos casos empresas privadas que trabajan asociadas con entidades bancarias para ofrecer este tipo de créditos, una vez registran la solicitud del cliente, le informan de que consultarán sus datos en los ficheros relativos al cumplimiento o no de obligaciones dinerarias.

Los requisitos no son mucho más complejos y también pueden hacerse online: se configura el préstamo, donde junto al importe y mensualidades, es preciso incluir a qué va destinado. El siguiente paso es la introducción de datos personales, firma del contrato y envío de documentos.

Antecedente en París

Los Mossos relatan en su informe al juez de la Audiencia Nacional que las peticiones a empresas de microcréditos para financiar atentados terroristas tiene como antecedentes la actuación del yihadista Amedy Coulibaly, quien obtuvo un crédito de 6.000 euros para financiar el atentado de París y la huida a Oriente Próximo.

También ha sido usado por los denominados ‘foreign fighters’ para desplazarse a zonas de conflicto “siendo un dinero que nunca devolverán y que cederán a la organización terrorista DAESH una vez llegados a su territorio”.

Fuente: https://confilegal.com