Introducción

El modelo de Compliance penal para pymes o cumplimiento normativo penal tiene por objeto principal que toda persona jurídica incorpore una serie de controles, indicadores, políticas, protocolos, etc. para mantener una correcta ética empresarial, un control adecuado del desarrollo de su objeto social y poder demostrar que sus actuaciones van acordes con la legalidad vigente.

El legislador matiza entorno a estos sistemas dos conceptos fundamentales a la hora de acotar o delimitar hasta donde pueden llegar estos sistemas. Estos conceptos son la proporcionalidad y la idoneidad, los cuales reflejan la necesidad de ser proporcional con la estructura interna y externa de la persona jurídica, por un lado, y la personalización adaptada a la persona jurídica que debe de ser idónea por otro. No es posible tratar una gran cantidad de controles relativa a riesgos relacionados con delitos de carácter inmobiliario en una sociedad encargada de la auditoría de cuentas de otras sociedades, por ejemplo.

Debemos de saber que el modelo de cumplimiento normativo fue una medida o sistema, que las grandes cuentas ya implantaron en el pasado con objeto de poder controlar la estructura interna, pero poco a poco en nuestro panorama mercantil se comienza a concienciar el empresario de esta necesidad, sumado a la posibilidad de quedar exento o atenuar una presunta responsabilidad penal que se le pueda llegar a imponer por culpa de un tercero.

Repercusión de la responsabilidad penal

Es un hecho que toda responsabilidad de la que se acuse presuntamente a una persona jurídica pasa por varias fases, entre ellas, una repercusión interna en la persona jurídica, una repercusión social de cara a la parte externa relacionada con ella y por último una repercusión económica y quizás pudiendo llegar a recibir determinadas condenas tipificadas en el articulado de nuestro código penal.

La repercusión interna que pueda acarrear esta situación entorno a una persona jurídica puede derivar en una situación de “caos” interno, aun sin constatarse el fundamento de esa presunta responsabilidad, ya que un entorno de trabajo puede llegar a verse afectado al recibir determinada información aun sin ser contrastada relativa a la posibilidad de verse involucrada la persona jurídica en la comisión de un ilícito. Este escenario es demasiado complejo, pero debe de ser tratado con la máxima diligencia y rigor con motivo de poder transmitir una situación de tranquilidad y poder mostrar que siempre se ha actuado acorde a la legalidad.

La repercusión social que pueda recibir una persona jurídica por una acusación de ser presunto culpable de una responsabilidad penal viene sobrevenida a través de la repercusión interna, y por otro lado la imagen que proyecta esta corporación de cara a los terceros (proveedores, colaboradores, clientes, etc.) a causa de verse inmersa en un procedimiento judicial aun siendo inocente. En el modelo de Compliance penal para pymes, esto puede repercutir en un deterioro tanto en las relaciones comerciales con terceros, como de imagen y posicionamiento de mercado, aun saliendo indemne de este procedimiento.

Por último, y en este caso más importante, tratamos la repercusión por la responsabilidad penal en una persona jurídica. Tanto a nivel económico como en el desarrollo de su actividad puede verse afectada una sociedad, si prosperase la acusación relacionada con la comisión de un ilícito, por este motivo el tribunal que corresponda emitirá sentencia firme condenando tanto a la persona jurídica, por aprovecharse de su situación, como a los responsables, administradores y/o directivos que no hayan ejercido su deber de control y supervisión necesario. 

La proporcionalidad y la idoneidad

Dentro del modelo de Compliance penal para pymes, en torno a la proporcionalidad e idoneidad relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, va de la mano de la limitación de los controles necesarios de ser implantados en la misma. Esto quiere decir, que no se podrá exigir la misma condena a una persona jurídica con un entramado societario muy complejo y con un gran organigrama departamental y funcional que una micro pyme con una estructura simple y un número muy reducido de trabajadores y unas cifras de activo y de negocio muy reducidas. Esto no puede dar pie a un empresario a cometer delitos a través de una persona jurídica por pequeña que sea, ya que un tribunal lo valorará y no delimita esa proporcionalidad, pero si impone las sanciones económicas y las condenas accesorias a esta relativas a el desarrollo del objeto social de la persona jurídica.

Herramientas para proteger la persona jurídica

El legislador propone una serie de herramientas que estructuran los sistemas de cumplimiento normativo penal. Estas se fundamentan en cuatro bases principalmente, un órgano unipersonal o colegiado encargado de controlar y supervisar las actuaciones derivadas de los distintos departamentos, un canal ético encargado de recabar toda consulta o denuncia relativa a los riesgos que puedan aparecer en el entorno interno y/o externo de la persona jurídica que sea facilitado a todas estas personas su uso, una documentación generada que represente una imagen fiel de la situación actual de los riesgos inherentes de la persona jurídica

El órgano de cumplimiento se encarga de velar por que todos los departamentos cumplan con la mas estricta legalidad, además de que se cumplan todos los controles, políticas y protocolos sean correctamente implementados y llevados a cabo. Una necesidad inherente a este órgano es poder tener una comunicación fluida, directa y transparente con todos los departamentos pertenecientes a la persona jurídica, con motivo de poder tener un seguimiento y control de todas sus funciones.

El canal ético es un instrumento consultivo y de denuncia del que se debe de nutrir toda persona perteneciente al entorno de la persona jurídica con objeto de mostrar la presunta comisión de ilícitos, que escapen del control del órgano de cumplimiento, y así se puedan crear procedimientos instructores de investigación de esas actuaciones. Además de facilitar tanto a la parte interna como externa la consulta de todas aquellas actuaciones llevadas a cabo como sistema de cumplimiento normativo.

La documentación refleja que el sistema ha sido implantado, y estructura los parámetros de todas las medidas llevadas a cabo. Por ende, esta documentación deberá ser actualizada tanto por la evolución natural de la persona jurídica, y deberá de ir con ella de la mano; y por otro lado deberá de ser actualizada por cambios que se produzcan tanto en su parte interna como externa que no se prevean y por ello adaptar el sistema de cumplimiento normativo a las necesidades de cada momento.

El fin último y principal

El legislador busca como fin principal, con los modelos de compliance penal, implantar la necesidad de actuar, como enuncia la Ley de Sociedades de Capital en su articulado, el deber de mantener una diligencia adecuada empresarial y acorde a la legalidad. Aparecen fines secundarios y sobrevenidos por el mero hecho de mantener un modelo de Compliance penal para pymes, un modelo de cumplimiento normativo penal en el entorno general de una persona jurídica, estos serían relativos a la exención atenuación de una condena otorgada por la responsabilidad penal recibida por la comisión de un ilícito, relativos a una mejora en el posicionamiento mercantil, la homologación con proveedores entre otros.

Sabemos que es una medida necesaria y hoy en día cada vez más empresarios están concienciados en la necesidad de implantar una serie de controles, indicadores, políticas, etc., y de realizar un análisis de riesgos que muestre claramente en que situación se encuentran la sociedad para poder evolucionar y crecer tanto en su desarrollo como en actuar siempre acorde a la legalidad.

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