A pesar de la moción de censura que ha descabalgado al PP del Gobierno y que, en su lugar, ha aupado al PSOE, la sangre no llegará al río. Los puentes de entendimiento siguen siendo firmes y los puntos en común bastante avanzados.

Es el caso del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) aún en tramitación parlamentaria, pese a que el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor el pasado 25 de mayo.

Esta fue la primera conclusión de la mesa de debate que tuvo lugar ayer en el VI Congreso de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) que se celebró en Madrid y en el que participaron los cuatro partidos políticos claves de nuestro Parlamento

En el panel, moderado por Marcos Judel, vicepresidente de esta asociación, tomaron parte Francisco Martínez, diputado del PP; Artemi Rallo, diputado del PSOE -y exdirector general de la Agencia Española de Protección de Datos-; Ricardo Sixto, diputado del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos.

“Lograr un consenso global en el 90% de los temas debe ser un objetivo a lograr antes de que acabe el año”, apuntó Artemi Rallo. 

Por su parte, Ciudadanos y la coalición Podemos-En Comú están a la expectativa de cómo se gestionen las negociaciones.

La gran mayoría de los expertos consultados por CONFILEGAL en este VI Congreso de APEP creen que es prioritario que se aprueba la nueva LOPD para evitar la inseguridad jurídica que ahora genera que ciertos criterios indefinidos del RGPD.

También esperan que el Gobierno de Pedro Sánchez lo tome como algo prioritario en su agenda de trabajo. Sin embargo, creen que la aprobación de la norma no será tan sencilla y algunos hablan de la primavera del 2019 para la aprobación de la LOPD.

Los participantes en el citado debate señalaron como una serie de acontecimientos han ido frenando la tramitación de la LOPD.

“Ahora quedan dos semanas para que acabe este periodo de sesiones y no creemos que dé tiempo a tramitar las enmiendas existentes. Al mismo tiempo, en septiembre tendremos que ponernos con los PGE del 2019 “ apuntó Sixto.

Para Artemi Rallo es fundamental lograr el mayor consenso posible y la inclusión de un nuevo titulo, a petición del PSOE, sobre derechos digitales parece lógico en dicho proyecto de ley; esta última enmienda ha generado bastante controversia, de hecho el propio representante del PP en este debate señaló que lo mejor hubiera sido presentarlo como “ otro proyecto de ley porque estamos hablando de cosas diferentes”.

Algunas de las cuestiones enmendadas tienen que ver con la investigación biomédica y con la fórmula de impulsarla, desde el respeto a la privacidad, la edad del consentimiento de los menores a la hora de ceder sus datos, la formación de los Delegados de Protección de datos o incluso el propio Estatuto de la AEPD y el nombramiento de su director/a, ahora dependiente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y del propio Consejo Consultivo de la propia Agencia, entre otros temas que han generado interpretaciones distintas.

Existe consenso parlamentario

Ricard Martínez, muchos años presidente de APEP, es ahora  director de la “Cátedra Microsoft sobre Privacidad y Transformación Digital” que se puso en marcha en nuestro país en octubre del pasado año: “Este debate que acabamos de participar señala que hay un consenso parlamentario amplio. La Ley de Protección de Datos es una Ley de Estado proclive a grandes consensos y que debe garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de nuestro país. No puede ser una batalla política al uso”, apunta.

Martínez aclara a CONFILEGAL que la LOPD tiene una doble dimensión “afecta no solo a los derechos de los ciudadanos sino a las condiciones en que la innovación tecnológica se va a impulsar en nuestro país. Necesitamos un contexto de seguridad jurídica que permita a nuestras administraciones y empresas desarrollar la transformación digital en un contexto seguro, claro y con reglas compartidas de forma conjunta a través de RGPD con otros países”.

Sobre el titulo X que ha incorporado el PSOE como catálogo de derechos digitales en este proyecto de ley, una iniciativa que ha generado sus defensores y detractores, Martínez destaca que “no tengo una opinión formada sobre ello, pero sí he participado en un Grupo de Trabajo para los Derechos Digitales de los españoles. A este respecto había un consenso parlamentario respecto a la regulación de ciertos derechos digitales.  “

Cree que el Gobierno y Parlamento deberán consensuar este tipo de iniciativas, en cuanto a derechos digitales “hemos visto como en Francia ya se ha regulado el derecho a la desconexión digital desde enero del 2017 en ciertas empresas. Se trata de poder desconectar de tu organización en ciertos periodos de tiempo para tener un espacio de vida privada más alla del puesto de trabajo. Otro elemento es la llamada herencia digital, algo hay que hacer respecto a lo que hemos hecho en este entorno digital respecto a nuestros herederos para crear seguridad jurídica”.

Para Martínez, “hay que dar un salto cualitativo en lo referente al derecho al olvido. Los expertos en derecho constitucional reconocemos que hay un territorio donde el derecho al olvido no puede operar. No sería razonable que borrásemos periódicos digitales o hemerotecas, como ataque a la libertad de expresión. Pero no es menos cierto que en el ciclo de producción de noticias, se produce la circunstancia que dicha información perjudicial se indexa en muchos periódicos sin su día después”.

En opinión de este experto “este tipo de situaciones son significativas en casos de procesamiento. En el caso de los sobreseimiento o absoluciones  de estas imputaciones esto no tiene reflejo en los medios. Quizás es el momento de un nuevo derecho de rectificación que no significa, no tanto cambiar la noticia como incluir una anotación o petición de parte que permita que quien lea la noticia vea la foto al completo para evitar el perjuicio gravísimo de este tipo de noticias en la reputación de las personas”.

La LOPD es algo prioritario y necesario

Leandro Nuñez,es abogado y socio de Audens, boutique especializada en derecho de las nuevas tecnologías e Internet “La tramitación de la LOPD en el Congreso va lenta, entre otras razones por el número de enmiendas presentadas. Debe agilizarse el tema porque necesitamos contar con esta nueva normativa propia de protección de datos”. Cuestiones como la edad para el consentimiento para menores, equilibrio entre libertad de expresión y protección de datos o el futuro Estatuto de la AEPD, son algunas cuestiones sin aclarar”.

Los puntos de desencuentro van desde puntos técnicos “hasta algunos más de fondo, como ha sido el nuevo capítulo de Derechos Digitales en Internet que propuso el PSOE a última hora y que tiene todos los visos de incorporarse a la nueva normativa. Hablamos de una norma muy horizontal que afecta a todos los sectores de la sociedad”.  Para Núñez la falta de dicha ley está generando una gran inseguridad jurídica “El RGPD es concreto pero hay 55 aspectos que permite que las legislaciones nacionales lo desarrollen. Y ahí necesitamos claridad”.

Sin LOPD hay inseguridad jurídica

María Suárez Pliego, es abogada experta en privacidad del despacho DA Lawyers. Esta letrada ha impulsado una guía sobre privacidad en el Colegio de Médicos de Madrid. Respecto a la LOPD indica que “ es un proyecto que va a tardar en darse a conocer porque ha sufrido más enmiendas que ninguna otra ley. No se esperaba este número tan elevado de enmiendas parece que el tema jurídico se ha politizado algo”.

Suárez es partidaria de un Pacto de Estado que ayude a sacar la LOPD y a desarrollar su posterior Reglamento.

Para esta experta hay temas importantes que necesitan esa nueva LOPD y su reglamento posterior “hablamos de derecho fundamentales que necesitan de un desarrollo orgánico y que afecta a otras leyes. Hay que darse cuenta que tanto el procedimiento sancionador como su prescripción ahora no quedan claros. Estas, como otras cuestiones necesitan su desarrollo posterior y su propio estudio para entenderlos”.

A su juicio, ahora se vive un momento de inseguridad jurídica claro porque “las empresas tienen que adaptarse a un Reglamento que es de aplicación directa, con fuertes sanciones y advierten que a nivel local faltan temas si regular. Es el caso de los plazos de conservación de los datos, si no tenemos a un criterio y en qué casos. También el tema de los menores es importante y ver cómo establecer para acreditar que el menor tiene la edad adecuada y los padres han autorizado esa representación”.

Muchas enmiendas e interpretaciones diferentes

José López Calvo es abogado y delegado de Protección de Datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo público volcado a la investigación y asistente a este VI Congreso de APEP.

Es autor, junto a otros treinta profesionales d un libro que analiza el nuevo RGPD y el proyecto de ley orgánica de LOPD que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre del 2017 desde diferentes puntos de vista: “Llama la atención que el proyecto de ley haya generado tantas enmiendas, más de 300, algunas de mucho fondo, lo que hace que existan interpretaciones diferentes”.

López Calvo también llama la atención sobre el hecho de que el PSOE introdujo una enmienda para que la ley se convierta en una ley orgánica de protección de datos y derechos digitales: “Junto a ellas hay enmiendas sobre videovigilancia o sobre el procedimiento sancionador de la AEPD ahora a debate, que abre la puerta que los casos menos graves se puedan arreglar en el seno de la empres con la intervención del DPO, entre otras”.

Para el abogado,esta situación no es la mejor con todas estas zonas grises por definir para las empresas”.

Cree que lo razonable es que las sanciones que la AEPD imponga se modulen en función de la infracción y de la capacidad de la empresa”.

Por ello, a su entender, es importante poder contar con la nueva LOPD lo antes posible “que sea coherente y que se pueda aplicar desde un punto de vista práctico”.

Fuente: confilegal