Un empresario británico, cuyo nombre no ha trascendido, ha iniciado acciones legales para que el gigante de las búsquedas elimine todos los enlaces referentes a su condena por falso testimonio amparándose en la normativa europea

Desaparecer de las búsquedas. Borrar el rastro de una condena. Y pasar página. Este es el objetivo de un empresario británico en activo, cuyo nombre no ha trascendido, y que ha iniciado las pertinentes acciones legales contra Google, la empresa propietaria del mayor buscador de internet del mundo, para eliminar los enlaces que recogen su condena por prestar falso testimonio en un caso de corrupción.

La denuncia, presentada en los tribunales ingleses, se trata de la primera en Reino Unido que se acoge al llamado «derecho al olvido» que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2014 a petición de varios usuarios que reclamaban que el gigante de las búsquedas no indexara ciertas informaciones personales. La norma, ya prevista en el marco legislativo español, establece que los datos considerados «irrelevantes» o que están ya «obsoletos» deberían borrarse a petición del afectado.

Una medida que la empresa estadounidense se ha posicionado en contra acogiéndose el derecho a la información. Desde su aprobación, y según consta en su informe de transparencia, Google ha recibido solicitudes relacionadas con el «derecho al olvido» para eliminar al menos unos 2,4 millones de enlaces de sus resultados de búsqueda y ha borrado un millón de resultados en este tiempo, aunque las empresas tecnológicas con motores de búsqueda se pueden acoger a su derecho de no poner en práctica la reclamación si se trata de informaciones con interés público.

Según informa el medio británico «The Times», el demandante fue declarado culpable de conspiración tras prestar una declaración falsas. El suceso se produjo en los años noventa. El empresario, en efecto, quiere que el conocido motor de búsqueda online retire y elimine todos los resultados que mencionan este caso al considerar que ya ha cumplido su pena. La denuncia presentada recoge que el afectado sufre un trato de paria en su vida personal, empresarial y social.

Una situación, que según reclama, le ha afectado tanto a nivel profesional como persona. A consecuencia de la indexación web de los artículos periodísticos que informan de la condena ha sido -denuncia- «incapaz de crear nuevas relaciones de amistad». La condena, sin embargo, ya ha prescrito en virtud de la Ley de Rehabilitación de Delincuentes aprobada por el parlamento británico en el año 1974.

Google ha salido al paso de la denuncia aduciendo a una transparencia en los contenidos distribuido por los buscadores. En la documentación presentada, el gigante de internet considera que cualquier persona que pueda interactuar con el reclamante, ya sea como clientes de sus servicios o a través de dichas actividades comerciales, «necesitan y tienen derecho a descubrir la verdad sobre el pasado del demandante». Este caso de la Corte Suprema comienza este martes. Será supervisado por otros condenados que desean borrar también sus historias vergonzosas de los buscadores.

En este sentido, un dictamen aprobado este mismo martes en los tribunales alemanes establecen que Google y los buscadores no están obligados a garantizar que los sitios web deban estar libres de comentarios difamatorios o fuera de lugar en los enlaces indexados. Los demandantes querían que el sistema configurara filtros de búsqueda para evitar que los enlaces con comentarios ofensivos no aparecieran en los resultados al argumentar que la compañía estadounidense es parte responsable.

Fuente: abc.es