Esta nueva posibilidad tendría que hacer reflexionar a las empresas que no tengan hecho un plan de prevención de riesgos penales y que se puedan encontrar al descubierto ante una posible investigación judicial. Sobre todo aquellas que tengan relación con despachos que actúen al límite de la legalidad, pues el fundamento de esta responsabilidad es un beneficio directo o indirecto por la sociedad, es decir, la responsabilidad de la empresa podría venir por el propio beneficio de unas tarifas más ventajosas a aquella empresa que contrate quien puede bajar precios porque evade impuestos.

Evitar o minimizar el alcance de escándalos como el de PanamaLeaks tiene fácil solución, sólo hay que reclamar que las empresas desarrollen planes de prevención de riesgos penales, los llamados compliance penal, una nueva cultura de cumplimiento que viene de los países anglosajones como Estados Unidos y que Europa ha empezado a adoptar para luchar contra la corrupción, delitos económicos, de tráfico de drogas y de personas; para conseguir una implicación social a través del cumplimiento legal de las empresas. Para que esto funcione se requiere un cambio de mentalidad, introducir la ética empresarial, pero a veces hay que dar un pequeño empujón de forma legal.

Los planes de prevención de riesgos penales, hoy en día no son obligatorios para las empresas, pero el proyecto de ley, antes de su aprobación, preveía su obligatoriedad.

Retomar este camino podría acercarnos a una mayor concienciación de las empresas, puesto que un compliance penal supone la introducción de la ética empresarial, y el análisis de los procesos empresariales que llevan a cabo diariamente; los revisa y los ajusta a la norma para evitar posibles incumplimientos como los que ocupan las portadas de los diarios cada día. El objetivo del compliance es decirle empresa porqué y como tiene que actuar para ajustarse a la legalidad que muchas veces desconoce.

Esta es una herramienta que tenemos al alcance y que además de hacer que las empresas sigan las normas, evita que se cometan delitos como estos, y además las protege ante una posible imputación, eliminando esta nueva responsabilidad penal, por lo tanto el beneficio no tan sólo es social sino que la empresa podrá dormir tranquila sabiendo que está dentro de la legalidad y que no sentará al banquillo de los acusados, evitando así el desprestigio y pérdida de reputación.

Fuente: Confilegal