No todas las empresas que incumplen una normativa lo hacen adrede. En muchas ocasiones, se producen fallos por desconocimiento, ya que la globalización y el elevado ritmo de producción legal hace que sea muy fácil pasar por alto alguna actualización o un reglamento local. Para evitar estas situaciones, en los últimos años ha emergido con fuerza la figura del Compliance Officer o responsable de cumplimiento normativo, quetiene por función velar por que las políticas y procedimientos de las compañías se ajusten a la legislación.

Tanta es la fuerza de esta figura que la consultora Hays lo señala como el perfil jurídico más buscado en la última edición de la Guía del Mercado Laboral 2016. En España la necesidad de contar con este tipo de profesionales se ha acentuado tras la última reforma del Código Penal, que agrava las responsabilidades y contempla el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Pero ¿en qué consiste el trabajo del Compliance Officer?

Estos profesionales identifican mapas de riesgos penales, elaboran los planes de cumplimiento normativo, los implantan y cruzan sus recomendaciones con las actividades diarias de la empresa. Abordan temas de privacidad, medioambientales, fiscales, de blanqueo de capitales, fraude y delitos contra la Seguridad Social, entre otros.

Además, ante el elevado volumen de producción normativa y de riesgos potenciales, una forma de mitigar y de evitar la responsabilidad penal es disponer de modelos de responsabilidad penal.

La existencia de esta figura no es exclusiva de las grandes empresas, pues tanto empresas grandes, como pymes deben contar con un Compliance Officer ya sea como un recurso propio o bien como un servicio externo contratado, pero dejando bien claro que en materia de Compliance se puede externalizar la función pero no la responsabilidad que seguirá siendo de la Alta Dirección de la empresa.

Por tanto, deberá velar para que en el seno de la empresa existan programas, políticas y procedimientos que limiten la realización de delitos en (y por) la empresa debiendo dejar un rastro de su actividad de control de tal manera que se puedan generar pruebas que acrediten que en ningún caso se ha producido una omisión del deber de control y que, en el caso de verificarse algún delito, no se ha debido a la inidoneidad del programa de cumplimiento normativo, entendiendo este como el conjunto de principios y pautas que deben regir el desarrollo de las actividades empresariales y las relaciones con los distintos grupos de interés (los denominados stakeholders), tales como reguladores, accionistas, empleados, proveedores, consumidores, tanto a nivel interno, -empleados, directivos y administradores-, como a nivel externo, con proveedores, mercado e incluso competidores.

Compliance en España

El cumplimiento normativo no es algo nuevo en España. Es generalmente aceptado que la publicación del Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios -EDL 1993/16198-, derogado por la disposición derogatoria del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión -EDL 2008/4324- en relación con las empresas de servicios de inversión, supuso la introducción en España de las primeras reglas que de alguna manera pudieran considerarse como cumplimiento normativo al exigir a estas empresas de servicios de inversión la redacción y aprobación de un Reglamento Interno de Conducta así como a crear al denominado Órgano de seguimiento del Reglamento Interno de Conducta; y de esta forma, el artículo 3 de este Real Decreto señalaba “1. Todas las entidades a que se refiere el artículo 1 deberán elaborar un reglamento interno de conducta de obligado cumplimiento, que regulará la actuación de sus órganos de administración, empleados y representantes. La misma obligación resultará de aplicación a todas las personas que realicen las actividades citadas en el artículo 1, en relación con sus empleados y representantes. El incumplimiento de lo previsto en los reglamentos internos de conducta, en cuanto su contenido sea desarrollo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores -EDL 2015/182875- y en el código general de conducta, como normas de ordenación y disciplina del mercado de valores, podrá dar lugar a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación conforme a la legislación laboral. Los reglamentos internos de conducta deberán estar inspirados en los principios citados en la Ley del Mercado de Valores y en el código general de conducta”.

Formación en Compliance en España

Aunque la figura del Compliance Officer forma ya parte de la realidad económica y jurídica, aún son pocas las universidades españolas que ofrecen esta especialización. La Universidad Pompeu Fabra, a través de su centro de postgrados UPF Barcelona School of Management, y la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Fundación, y en colaboración con KPMG, fueron los primeros en poner en marcha en Barcelona y en Madrid el primer Postgrado en Compliance que imparte formación oficial y específica sobre esta disciplina.

El postgrado busca proporcionar a los participantes una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal, desde los conocimientos técnicos a la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Fuente: La Vanguardia y elderecho.com